Llevamos una propuesta para poner los contratos municipales al servicio de la generación de empleo

Unid@s Sí Podemos (USP) llevará al pleno del próximo martes una propuesta para elaborar una instrucción en materia de contratación que defina dónde y cómo se pueden introducir criterios sociales y medioambientales. El documento viene a cubrir una importante carencia en el Ayuntamiento de La Orotava, ya que permitiría llevar a la práctica las diferentes mociones aprobadas en los últimos años para incorporar cláusulas sociales a las contrataciones municipales, y que, hasta el momento, no han sido desarrolladas por el grupo de gobierno (CC).

Para el portavoz de USP, Raúl González, se trata de una “oportunidad única para que el Ayuntamiento entre al siglo XXI en materia de contrataciones”, introduciendo un “criterio homogéneo que evite arbitrariedades” y que permita “poner la contratación al servicio de la generación de empleo en el municipio”, de forma que el precio deje de ser la principal consideración a tener en cuenta. Ante la falta de políticas propias de empleo por parte del gobierno local, González aboga por “aprovechar las posibilidades que ofrece la contratación pública en la lucha contra el paro, la desigualdad y la exclusión social”. En este sentido, subraya que La Orotava es el municipio de la provincia con mayor tasa de paro entre los de más 40.000 habitantes, y que, por tanto, “hay que utilizar todos los recursos que estén al alcance de la corporación para paliar esa situación”.

González recuerda que en 2010 y en 2014 se aprobaron sendas mociones del PSOE y de IpO, respectivamente, para introducir criterios sociales y medioambientales en los contratos municipales, pero que “poco o nada se ha hecho para desarrollarlas”. Por ello, señala, se presenta ahora esta propuesta que “concreta lo aprobado en una instrucción general que sirva de referencia para todas las contrataciones”.

El portavoz de Unid@s Sí Podemos señala que tanto la normativa estatal como la comunitaria no dejan lugar a dudas sobre la idoneidad de la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública y sobre su compatibilidad con los principios de eficacia, eficiencia, libre concurrencia, igualdad y no discriminación. Así, subraya que el Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prevé mecanismos para la introducción de ese tipo de consideraciones en los contratos públicos, como recomiendan diferentes directivas europeas.

Comisión técnica y jornadas de formación

La propuesta de la formación municipalista incluye también la creación  de  una  comisión técnica  y multidisciplinar, dependiente  de  la  Comisión  de  Hacienda,  en  la  que  se presenten y analicen los trabajos desarrollados por personal técnico municipal y los diferentes grupos políticos en materia de  cláusulas  sociales  y  medioambientales,  cara  a  su  aplicación  en  los  procesos  de contratación. Esta comisión tendría como cometido la prestación de apoyo y asesoramiento en esta ámbito a los órganos de contratación, así como de evaluar periódicamente el cumplimiento de lo acordado. De igual forma, USP propone impulsar la formación en materia de aplicación de criterios sociales y ambientales para los responsables de las distintas áreas municipales (especialmente las de contratación, intervención y asesoramiento jurídico) a través de jornadas abiertas con expertos, asociaciones y entidades.

En el ámbito del empleo, Unid@s Sí Podemos propone introducir en las diferentes adjudicaciones mecanismos de puntuación para favorecer el empleo local y valorar la creación de puestos de trabajo, la estabilidad de la plantilla y la contratación de desempleados de larga duración, en riesgo de exclusión o con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo, siempre garantizando, en su caso, la subrogación del personal que presta el servicio.

En relación a la protección medioambiental,  se tendría en cuenta la reducción de la emisión de gases, la obligación de aportar certificaciones medioambientales de los productos o servicios que se contraten y el uso de tecnologías y equipamiento que favorezcan el ahorro energético, entre otros aspectos.

El cuanto a la igualdad de oportunidades, en la puntuación de las empresas se valorará la incorporación de personas con diversidad funcional y de mujeres víctimas de violencia de género y, en general, la contratación de mujeres en sectores profesionales con subrepresentación femenina.