El Ayuntamiento introducirá bonificaciones y exenciones fiscales a iniciativa de USP

Unid@s Sí Podemos (USP) ha elaborado una batería de medidas para aliviar la carga fiscal de la ciudadanía orotavense respecto a los impuestos y tasas municipales, una de las más altas de toda Canarias a pesar de la desahogada situación financiera del Ayuntamiento. Una parte de esas propuestas, después de un proceso de negociación, han sido asumidas por el grupo de gobierno, de forma que serán incorporadas a las ordenanzas respectivas y se harán efectivas ya en 2017.

Entre las medidas que se aplicarán, destaca la bonificación de un 50% en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por inicio de actividad durante un máximo de cinco años, siempre y cuando no se supere un límite de beneficios, lo que se sumaría a los dos años de exención que ya se contemplan. Para Raúl González, concejal y portavoz de USP, esta medida supondrá un impulso en la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas y redundará en el fortalecimiento del tejido comercial villero. Para fomentar el empleo en el municipio se introduce otra bonificación del 50% por la creación de puestos de trabajo indefinidos que tengan en cuenta la equidad de género e impliquen la contratación de personas con diversidad funcional, mayores de 50 años o parados de larga duración. También se contemplan otras bonificaciones para empresas que implementen medidas de preservación del medio ambiente y de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En relación al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), conocido popularmente como el rodaje, USP ha logrado que se aumente del 50% al 75% la bonificación en función del carburante utilizado y de su afección al medio ambiente, algo que beneficiará especialmente a coches eléctricos e híbridos. Además, se recupera la bonificación del 100% para los utilitarios con una antigüedad mayor de 25 años, que, como señala González, “en muchas ocasiones constituyen el único vehículo con el que cuentan sus dueños para desplazarse diariamente”. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se está estudiando la posibilidad de aplicar un recargo del 50% a viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras, algo que dependerá de lo que determinen los servicios jurídicos municipales.

Junto a estas medidas que afectan a los impuestos, el consistorio modificará también, a instancias de Unid@s Sí Podemos, algunas de las tasas. En el caso de la tasa de expedición de documentos administrativos, la ciudadanía quedará exenta del pago de certificados de empadronamiento, así como de otras certificaciones, compulsas y documentos extendidos por las oficinas municipales. Asimismo, se deroga la tasa por participación en pruebas selectivas de acceso al Ayuntamiento.

Mesa técnica de trabajo

El portavoz de USP considera particularmente importante la propuesta, aceptada por el gobierno local, de crear una mesa técnica de trabajo, formada por personal de diferentes áreas y por los grupos políticos, que realice un diagnóstico completo de la situación tributaria del municipio y que, en función de ese análisis, articule una serie de pautas para mejorar la gestión económica municipal y lograr un reparto más justo de la carga fiscal. Así, la mesa se encargará de buscar fórmulas para simplificar las ordenanzas correspondientes, divulgarlas a través de una Carta del Contribuyente clara y accesible, racionalizar el trabajo del personal administrativo y técnico, actualizar los censos con el fin de aumentar la base de contribuyentes y evitar el fraude, introducir medidas de control del gasto energético y de agua, e incorporar medidas de aumento de la progresividad fiscal, de forma que paguen más quienes más tienen. “No se trata simplemente de subir o de bajar impuestos, sino, entre otras cosas, de repartir el esfuerzo de forma más equitativa”, señala González.

La también portavoz de la formación municipalista, Acacia Martín, subraya el trabajo minucioso realizado por su grupo, y sostiene que “la labor de la oposición no se limita a fiscalizar la acción del gobierno y mostrar lo que haríamos si llegásemos al gobierno, sino que también debe tratar de incidir en las políticas municipales y mejorar desde ya la vida de la gente”, algo, que, a su juicio, se ha conseguido con estas aportaciones a las ordenanzas fiscales. En cualquier caso, lamenta que el grupo de gobierno se siga mostrando reacio a dar pasos decididos hacia la redistribución de la carga fiscal bajo criterios sociales, manteniendo, en gran parte, unas ordenanzas que no tienen en cuenta una  realidad social de emergencia económica para muchas familias villeras En este sentido, Raúl González destaca el rechazo de CC a aplicar una exención en todas las tasas e impuestos a las familias que tengan un alquiler social o no dispongan de ingresos, así como a implementar una bonificación del 50% a desempleados mayores de 45 años, jubilados y pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo. De igual forma, critica que se deseche la propuesta de sustituir las bajadas lineales del IBI por descensos progresivos, más pronunciados para las personas que menos patrimonio tienen, o la de de eliminar la cuota mínima de la tasa de suministro de agua y que todos los contribuyentes paguen exclusivamente en función de lo que consumen, algo que considera “de justicia”.

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